La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, al declarar inconstitucional el contrato del puerto administrado por PPC, no es solo un fallo jurídico. Es un acto de soberanía, un grito de dignidad nacional y una advertencia clara: Panamá no es colonia de nadie.
Hoy, como panameño y como ciudadano comprometido con el futuro del país, lo afirmo sin rodeos: Panamá despertó.
Durante años, bajo contratos opacos y decisiones políticas cuestionables, se permitió que intereses extranjeros —particularmente ligados a la política expansionista de China— pusieran sus manos sobre activos estratégicos de nuestra nación. Puertos, rutas logísticas, posiciones clave del comercio mundial. No es casualidad. Es geopolítica pura y dura.
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